contra la criminalización de la desobediencia civil

Iniciativa social de denuncia y solidaridad con las personas condenadas por la pieza “Desobediencia Civil” en el sumario 18/98

Conclusiones del Informe Internacional de Observación

[Informe íntegro]

“Pensábamos que íbamos a un juicio sin pruebas y nos encontramos ante un juicio sin delitos”
Martil Poel y Volker Gerloff, abogados


CONCLUSIONES

Por todo lo anteriormente dicho, los juristas que componen esta Comisión Internacional de observación quieren hacer públicas las siguientes conclusiones:

1. La instrucción del caso 18/98 se ha realizado con vulneración de derechos fundamentales de las personas, con utilización del secreto de las actuaciones de forma desproporcionada, recurriendo al régimen de detención incomunicada, generándose alarmantes denuncias de torturas y malos tratos y con abuso de las medidas cautelares, tanto de aseguramiento de las personas –prisión preventiva, fianzas astronómicas…- así como la suspensión de actividades políticas, sociales, mercantiles… con especial impacto en el cierre del periódico Egin y la emisora de radio Egin irradia, depositarios principales del derecho a la libertad de expresión.

2. La acusación sostenida por el juez instructor, Baltasar Garzón, se soporta en una particular interpretación de la realidad histórica, política y social del movimiento independentista vasco, solamente explicable en términos de prioridad política y del interés mediático que han revestido sus actuaciones. Esta teoría se abrió paso en la Audiencia Nacional a costa de la inhabilitación de los magistrados de la Sección 4ª que no compartían su interpretación de los hechos y consideraban su teoría “carente de fundamento racional”.

3. El tratamiento que se ha dispensado a las personas procesadas durante la celebración del juicio, que se a prolongado por 16 meses, con la obligación de trasladarse a dependencias de a Audiencia Nacional y permanecer en ella durante todas las sesiones, ha generado un coste físico y anímico que se podría considerar al menos una condena sin sentencia.
4. La falta de la igualdad de armas entre la acusación y la defensa durante el transcurso de la vista es contraria a derecho. El Tribunal ha despreciado el trabajo de las defensas, ha dificultado su acceso a las pruebas y documentos y rechazado todas sus propuestas y protestas. El caos que ha imperado en el juicio es atribuido asimismo a las defensas, acusadas de “no cooperar con el tribunal”. El derecho a la defensa ha quedado gravemente en entredicho.

5. La falta de concreción en los hechos presuntamente delictivos y en la individualización de las acusaciones contraviene esencialmente las bases de un estado de derecho, por la que un imputado debe de serlo por una conducta criminal concreta contra la que pueda defenderse. La invocación a tipos penales ambiguos y su aplicación de forma expansiva contradice el principio de legalidad.

6. La prueba pericial practicada por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado obliga a reclamar la ineficacia de la misma, por la falta del carácter científico y de neutralidad exigidas por la norma para este tipo de pruebas.

7. El Tribunal concede plena validez a declaraciones de los imputados, cuando estos denunciaron que estaban hechas bajo la presión de la tortura, sin ordenar la investigación eficaz sobre este extremo, que podía suponer la ineficacia de la prueba por vulneración de derechos fundamentales.

8. La estructura de la sentencia es contraria a la lógica y a la norma, identificando la conclusión y después buscando las pruebas que puedan soportar dicha conclusión. Pero además, la valoración de estas pruebas por parte del Tribunal esta ausente del rigor exigible.

9. La sentencia muestra la voluntad de perseguir actividades sociales, políticas, culturales, comunicativas y periodísticas públicas y transparentes. Esta “sentencia de confrontación” marca un antes y un después en el devenir de la expresión democrática, pues establece que la intencionalidad política, la motivación ideológica es suficiente para considerar un delito de terrorismo. Se abre camino al delito de “terrorismo desarmado” o “terrorismo pacífico”, hasta ahora considerado solamente como una hipótesis de laboratorio.

10. Las altas penas impuestas muestran el carácter ejemplarizante de la sentencia y su ejecución inmediata –si bien la defensa ha mostrado su voluntad de agotar todas las vías de recurso- la sitúa en clave de respuesta política. Esta sentencia es muestra palpable de la verdadera función encomendada a la Audiencia Nacional, como tribunal excepcional por razón de la materia –actividades de profunda raíz política-, y por motivo de la excepcionalidad en la interpretación y aplicación inaudita del derecho penal. Esta sentencia es evidencia de que no estamos ante un acto de investigación de hechos y emisión de justicia, sino ante un intento de dotar de apariencia jurídica a una decisión política.

Iniciativa Internacional de Juristas contra la Criminalización de Ideas en Euskal Herria
Barcelona, 6 de febrero de 2008

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