contra la criminalización de la desobediencia civil

Iniciativa social de denuncia y solidaridad con las personas condenadas por la pieza “Desobediencia Civil” en el sumario 18/98

[Info 04 · Desobediencia 18/98] Fiscalía solicita absoluciones

El pasado miércoles finalizó ante el Tribunal Supremo la vista que revisaba la sentencia 18/98. Como muchos sabreis, la petición fiscal fue modificada. La petición de libre absolución para cinco de los procesados (Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga, Olatz Altuna, Miguel Aznar y Alberto Frías) se amplió, incluyendo a Fernando Olalde. Además, se solicitió una ambigua no-condena para Mikel Zuloaga. Con ello, podemos considerar que la fiscalía ha solicitado la no condena para 7 de los 9 condenados en la pieza ‘desobediencia civil’. Contra Carlos Trenor e Iñaki O’Shea, encarcelados desde diciembre de 2007, se mantienen peticiones de cárcel, al estar también imputados en otras piezas.
 
Tímidamente cabe afirmar que se han levantado 9 años de persecución contra la Fundación Joxemi Zumalabe. 9 años ya. El propio fiscal llegó a precisar la historia de la fundación, su nacimiento en 1995 y si fidelidad a los principios que la vieron nacer. Añadiendo que “se le hacía difícil la condena a esta asociación”. Incluso apuntó que promoviendo la desobediencia civil “cumplía sus objetivos de buscar apoyos a los movimientos populares del País Vasco entre el sector juvenil”. Sólo la Asociación de Victimas del Terrorismo mantuvo la petición de penas impuesta por la Audiencia Nacional.
 
En breves, en un plazo que oscila entre los 15 días y los dos meses, conoceremos el fallo y sentencia definitiva. Hasta entonces y como siempre y tras 9 años, mantendremos la prudencia valorativa. Un abrazo de nuevo a todas y todos y gracias por hacer posible la solidaridad.

[Diagonal]

Fiscalía solicita al Supremo la absolución de la Fundación Zumalabe

También plantea rebajas de penas a 36 de las 47 condenados en el macroproceso 18/98

Libre absolución y no condena para la práctica totalidad de los procesados en la pieza ‘desobediencia civil’, en el marco de la sentencia del macroproceso 18/98 contra la izquierda abertzale civil. En la vista realizaba el pasado 20 de abril en el Tribunal Supremo para revisar la sentencia dictada en diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional, la fiscalía solicitó la plena absolución para los miembros de la fundación Sabino Ormazabal, Alberto Frías, Mario Zubiaga, Olatz Altuna, Miguel Aznar y Fernando Olalde. Todos habían sido condenados a penas de 9 y 10 años de prisión.

Además el fiscal Juan Ignacio Campos solicitó también la no condena para Mikel Zuloaga, en paradero desconocido desde hace 16 meses, al entender que no hay motivos para condenarle. Respecto a Iñaki O’Shea y Carlos Trenor, también imputados en la pieza, el fiscal mantiene penas de prisión al atribuirles otros supuestos delitos vinculados con la revista Ezpala y la empresa Orain, editora de Egin.

La petición fiscal enmienda así a la totalidad la operación ordenada por el juez Baltasar Garzón en octubre de 2000. Tras 9 años, ha sido la propia fiscalía quién ha señalado que la fundación nació en 1995 para dinamizar el movimiento popular y que “ha realizado esa labor desde entonces”. El mismo fiscal adujo “problemas técnicos importantes” en las acusaciones contra la Fundación y recordó que no fue ilegalizada ni disuelta por lo que “se le hacía difícil la condena a esta asociación”. Incluso señaló que la Fundación Joxemi Zumalabe que promueve la desobediencia civil “cumplía sus objetivos de buscar apoyos a los movimientos populares del País Vasco entre el sector juvenil”. Sólo la AVT mantuvo la petición de penas impuesta por la Audiencia Nacional.

Con todo, la fiscalía ha mantenido la tesis oficial que “todo es ETA” y se ha limitado a solicitar rebajas de pena de 2 y 3 años para 30 de los 47 condenados aduciendo que se les aplicó el máximo castigo previsto sin motivación razonada. La fiscalía también ha pedido la absolución de Natala Landa, condenada a 11 años en la pieza ‘Ekin’.

500 voces insumisas de apoyo
Coincidiendo con el inicio de la vista que revisaba la sentencia, 500 personas y 50 organizaciones hicieron público el manifiesto que reclamaba la no equiparación de la desobediencia civil con delitos de terrorismo. El manifiesto, impulsado por más de 100 insumisos al servicio militar obligatorio, viene avalado por activistas antimilitaristas de Navarra, Valencia, Aragón, Andalucía, Madrid y las Islas Canarias. Particular mención merece la solidaridad catalana. La práctica totalidad del movimiento pacifista han suscrito el manifiesto, al lado de diputados de todas las formaciones políticas excepto el PP i C’s. Carles Campuzano (CiU), Antoni Comin (PSC), Pere Aragonés (ERC) o Joan Herrera (ICV) se adherían a la demanda de libre absolución para los procesados por desobediencia civil. Además, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Ricard Gomà, el cantautor Lluís Llach o el primer objetor noviolento del Estado español, Pepe Beunza, subscriben también el manifiesto, que se suma a la denuncia de todo el proceso judicial, amparándose en los informes de la Comisión Internacional de Juristas que, actuando como observadores, denunciaron la incongruencia procesal, la falta de pruebas y adulteración de los peritajes.

La iniciativa contra la criminalización de la desobediencia civil ha recibido con cautela la petición fiscal y esperaran al fallo y la sentencia para realizar una valoración definitiva.

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