contra la criminalización de la desobediencia civil

Iniciativa social de denuncia y solidaridad con las personas condenadas por la pieza “Desobediencia Civil” en el sumario 18/98

500 voces demandan al Tribunal Supremo la no criminalización de la desobediencia civil

• Impulsado por 100 insumisos, con el aval de 50 organizaciones sociales y centenares de personas vinculadas al movimiento pacifista, solicitan la libre absolución de los procesados en la pieza contra la Fundación Joxemi Zumalabe

• El alto tribunal español revisa hoy la sentencia del macrosumario 18/98, que dictaminó penas de hasta 9 años de cárcel en los condenados en la pieza ‘desobediencia civil’

• Catedráticos como Joan Subirats, artistas como Lluís Llach, diputados de ERC, ICV-EUiA, CiU, PSC-CpC, sindicalistas de CCOO, ONG’s y la práctica mayoría del movimiento pacifista catalán avalan la demanda impulsada por más de 100 insumisos al servicio militar

 Barcelona / Impulsado por aquellos que la pusieron en práctica durante el franquismo y la década de los noventa –los primeros objetores de conciencia no violenta y los insumisos al servicio militar– un manifiesto avalado por la firma de más de 500 personas y organizaciones ha demando hoy al Tribunal Supremo que dictamine la libre absolución de los procesados en la pieza ‘Desobediencia Civil’ del denominado macrosumario 18/98 contra la izquierda abertzale. En aquella sentencia se equiparó la promoción de la desobediencia civil con un delito de terrorismo con penas de cárcel de hasta 9 años. El manifiesto también se adhiere a la valoración crítica de la Comisión de Internacional de Observación, integrada por 300 juristas, que crítica las incongruencias procesales, impropias de un Estado de Derecho, que guió la instrucción, enjuiciamiento y condena de 46 personas.

El manifiesto, que viene avalado por históricos activistas pacifistas, diversos sectores y sensibilidades políticas, aúna la voz de prácticamente todo el movimiento pacifista catalán (entre ellas, la Federación Catalana de ONG’s por la Paz), con la adhesión destacada del movimiento antimilitarista de Andalucía, Madrid, las islas Canarias, Aragón y Navarra, entre otras. Entre los impulsores iniciales del manifiesto destaca Pepe Beunza, el primer objetor no violento del Estado español que sufrió dos consejos de guerra en 1971 y 1972.

El manifiesto está impulsado por más de 100 insumisos, condenados en su día por negarse a través de la desobediencia civil no violenta a cumplir con el servicio militar de leva obligatoria. Entre las adhesiones, también destacan el apoyo de diputados catalanes como Carles Campuzano (CiU), Toni Comin (PSC-CpC), Pere Aragonés (ERC) o Joan Herrera (ICV). El primer teniente de alcalde de Barcelona, Ricard Gomà, también subscribe la demanda, así como el cantautor Lluis Llach o la presidenta de la FAVB, Eva Fernandez. Filósofos como Josep Maria Terricabras, organizaciones como Lokarri o la CGT o la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona subscriben también el manifiesto.

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